La comisión por omisión es un concepto jurídico que se aplica cuando una persona infringe un deber legal de actuar, provocando como consecuencia un resultado dañino que podría haberse evitado. En España, esta figura encuentra su fundamento en el Código Penal, pues este contempla tanto las conductas activas como las omisivas que deriven en la comisión de un delito. Es decir, no actuar cuando legalmente se tiene la obligación de hacerlo puede conllevar responsabilidad penal.
- Inacción punible: La comisión por omisión ocurre cuando una persona no actúa como requiere su deber, generando un resultado jurídico igual al de una acción directa.
- Deber jurídico previo: El sujeto debe tener una obligación legal o formal de actuar para prevenir un resultado ilícito.
- Posición de garante: El responsable ocupa un rol que le obliga a proteger un bien jurídico o impedir su afectación.
- Equivalencia al delito activo: Se equipara a los delitos cometidos mediante acción, ya que produce el mismo daño o afectación.
- Relación causal: Es fundamental que exista un nexo entre la omisión y el resultado jurídico ocasionado.
- Ámbito penal: Se regula en el derecho penal como un delito basado en la ausencia de actuación cuando era exigible intervenir.
¿Qué dice la legislación española sobre la comisión por omisión?
El reconocimiento de los delitos por omisión está establecido de manera explícita en el artículo 10 del Código Penal, que define los delitos como aquellas acciones y omisiones dolosas o imprudentes descritas y castigadas por la ley. Este precepto legal sienta las bases para precisar que una omisión también puede ser considerada delictiva si existe un deber jurídico expreso de actuar.
Adicionalmente, el artículo 11 del Código Penal detalla que los delitos que conlleven la producción de un daño solo se considerarán cometidos por omisión cuando el resultado se deba a la infracción deliberada de una obligación jurídica. Este artículo también incorpora dos supuestos específicos:
- La obligación legal o contractual: En aquellos casos donde una persona esté vinculada por una norma jurídica o contrato que le exija actuar para evitar un perjuicio.
- La creación de un riesgo previo: Cuando el sujeto haya generado una situación que represente un peligro al bien protegido y no actúe para evitar el daño.
Estas disposiciones son fundamentales para delimitar las responsabilidades y determinar cuándo la inacción constituye un delito en España.
Tipos de delitos por omisión
Los delitos por omisión se dividen en dos categorías: los delitos por omisión propios y los delitos por omisión impropios. Aunque ambos implican una inacción que genera perjuicio, existen diferencias clave en su definición y aplicación penal.
Delitos por omisión propios
Se consideran delitos por omisión propios aquellos en los que el simple hecho de no realizar una acción a la que se está obligado constituye una infracción penal. Por ejemplo, el delito de omisión del deber de socorro, regulado en el artículo 195 del Código Penal, se aplica a quien no auxilie a una persona en peligro grave pudiendo hacerlo sin riesgos para sí mismo o terceros.
Delitos por omisión impropios
Por otro lado, los delitos por omisión impropios implican la infracción de un deber jurídico especial de actuar para evitar un resultado que equivalga a la causación del daño. Ejemplo de ello sería el caso de un progenitor que no alimenta a su hijo menor, dando lugar a consecuencias graves como la desnutrición o el fallecimiento, incurriendo así en un delito de homicidio por omisión.
La figura del garante en la comisión por omisión
En los delitos por omisión tiene un papel esencial la figura del garante. Se entiende como garante a aquella persona sobre la cual recae una obligación especial de actuar para proteger un bien jurídico. Esta posición puede derivarse de diversas fuentes, como una relación familiar, un contrato laboral o una disposición normativa.
La posición de garante en el ámbito familiar
La relación entre padres e hijos, tanto menores como ancianos dependientes, es el ejemplo clásico de la posición de garante dentro del núcleo familiar. Los padres tienen el deber jurídico de velar por la alimentación, cuidado y seguridad de sus hijos menores. Si este deber se incumple y existen consecuencias graves, como enfermedades o lesiones en el menor, podría considerarse delito por omisión.
La posición de garante en el ámbito profesional
En el ámbito profesional, se identifican obligaciones contractuales que pueden configurar una posición de garante. Por ejemplo, un administrador de una empresa que omite actuar frente a una situación de riesgo financiero que provoque perjuicio a la sociedad, puede ser imputado penalmente si dicha omisión es sancionable según la legislación vigente.
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¿Cuándo se considera delito una omisión en España?
Para que una omisión pueda ser calificada como delito en el marco jurídico español, deben cumplirse varios criterios:
- La existencia de un deber jurídico expreso de actuar derivado de una norma legal, relación contractual o posición de garante.
- La posibilidad física y psicológica de haber evitado el daño mediante la acción exigida.
- Que el daño sea tipificado como infracción penal según el Código Penal, como en los casos de homicidio o lesiones por omisión.
Como ejemplo, imaginemos un accidente de tráfico en el que una persona, testigo del incidente y en condiciones de prestar ayuda sin riesgos, opta por no ello. Si esa omisión causa la muerte de una víctima, podría imputársele un delito por omisión de socorro o incluso homicidio por omisión dependiendo de las circunstancias.
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