La prejubilación es una vía por la que un trabajador cesa su actividad profesional antes de alcanzar la edad oficial de jubilación, a través de un acuerdo con su empresa. Este acuerdo suele tener lugar en contextos de reestructuraciones empresariales o despidos colectivos, y permite que el trabajador perciba una compensación económica mientras se encuentra en situación de desempleo, complementada con cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por la empresa. Este mecanismo, aunque no está regulado específicamente como un derecho o figura legal dentro de la normativa de la Seguridad Social, es cada vez más común en el entorno laboral español.
- Anticipación de la jubilación: Permite dejar de trabajar antes de alcanzar la edad de jubilación oficial, generalmente bajo acuerdos con la empresa.
- Compensación económica: Suele garantizarse mediante acuerdos laborales, completando ingresos hasta la jubilación legal.
- Voluntariedad: En la mayoría de los casos, es fruto de una decisión consensuada entre la empresa y el empleado.
- Impacto en las cotizaciones: Puede reducir la pensión futura al disminuir los años o cantidades cotizadas en el sistema de Seguridad Social.
- Requisitos específicos: Se precisa cumplir condiciones según el convenio colectivo, edad, y años trabajados.
- Beneficio para ambas partes: El empleado consigue un retiro anticipado y la empresa puede optimizar recursos humanos o reducir costes laborales.
¿Qué es la prejubilación y cómo se diferencia de la jubilación anticipada?
Aunque ambos conceptos están relacionados, es fundamental entender que la prejubilación no forma parte del régimen de pensiones establecido en el sistema de la Seguridad Social. Este término hace referencia a un contrato individualizado que se negocia entre el empleado y la empresa mediante el cual el trabajador cesa su actividad laboral de manera voluntaria.
En el caso de la jubilación anticipada, esta sí está contemplada dentro del marco normativo, y para acceder a ella es necesario cumplir ciertos requisitos como haber alcanzado una edad mínima (actualmente 64 años o 63 en algunos casos excepcionales) y acreditar un tiempo cotizado estipulado. La prejubilación, por el contrario, no depende de la legislación sobre jubilación ni permite el acceso directo a una pensión contributiva.
En este contexto, el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece ciertas menciones a las empresas que, mediante acuerdos colectivos o individuales, asumen el compromiso de garantizar una compensación económica para el trabajador prejubilado en períodos previos a acceder a la jubilación anticipada.
Marco normativo de la prejubilación en España
Como se ha mencionado previamente, la prejubilación no cuenta con una regulación específica en el derecho laboral español, sino que se enmarca dentro de acuerdos voluntarios o colectivos derivados de procedimientos de despido, reestructuración empresarial o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, está indirectamente vinculada con diversas normativas que se deben tomar en cuenta:
- El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regulan las causas de extinción del contrato de trabajo. Entre estas causas figura, como resultado de negociación individual o colectiva, una «baja voluntaria incentivada» que podría definirse como el marco legal más próximo a la prejubilación.
- Convenios especiales con la Seguridad Social: La empresa suele continuar con las cotizaciones del trabajador mediante este tipo de acuerdos, tal y como se contempla en el artículo 206 de la LGSS. Cabe señalar que esta responsabilidad empresarial garantiza la continuidad de las prestaciones futuras del trabajador.
- Por último, el artículo 161 bis de la LGSS, mencionado anteriormente, estipula las condiciones financieras que la empresa debe cumplir para los trabajadores prejubilados que no cumplen aún los requisitos para acceder a la jubilación.
Requisitos habituales para la prejubilación
En España, no existen criterios específicos y uniformes para acceder a la prejubilación, ya que, al no estar regulada directamente por la ley, depende del acuerdo que se formalice entre el empleado y la empresa. Sin embargo, algunos requisitos suelen repetirse en la mayoría de los casos:
- Que el trabajador tenga una edad mínima cercana a los 55 años.
- Estar en situación de desempleo, generalmente tras haberse extinguido la relación laboral en la empresa.
- Formar parte de un programa de reestructuración empresarial como despidos colectivos o Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
- La empresa debe formalizar un acuerdo donde se establezca el pago de una compensación económica hasta que el trabajador cumpla los requisitos para acceder a la jubilación anticipada o jubilación ordinaria.
- Suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social que garantice las cotizaciones del trabajador durante el período restante hasta su jubilación.
Ventajas económicas y sociales de optar por la prejubilación
La prejubilación tiene como objetivo principal garantizar que el trabajador mantenga un nivel de ingresos hasta la edad de jubilación anticipada u ordinaria, complementando prestaciones públicas como el subsidio por desempleo o el subsidio para mayores de 52 años. Las principales características de la compensación económica derivada de la prejubilación son:
- La empresa paga un porcentaje del salario (habitualmente entre el 60% y el 80%, según el acuerdo). Este se complementa con la prestación por desempleo en los primeros períodos tras el despido.
- Se suelen incluir aportes complementarios, como contribuciones a planes de pensiones, seguros de vida o incluso bonificaciones que ayuden al trabajador a mantener su estabilidad financiera.
- La cotización a la Seguridad Social no es asumida directamente por el trabajador, quedando bajo responsabilidad del empleador gracias al convenio especial.
- Incluso tras agotar el subsidio por desempleo, los prejubilados mayores de 52 años pueden acceder al subsidio para este colectivo hasta que alcancen la edad de jubilación.
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