El Plan de reestructuración se posiciona como un instrumento imprescindible dentro del marco jurídico español, especialmente diseñado para ayudar a las empresas a superar dificultades económicas significativas, evitando situaciones de insolvencia. Introducido por la Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, este mecanismo preconcursal se enfoca en garantizar la viabilidad empresarial mediante la reconfiguración adecuada de sus estructuras financiera, operativa y de gobernanza.
¿Qué es el plan de reestructuración y cuál es su objetivo?
El plan de reestructuración, tal y como se establece en el artículo 614 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) según su modificación por la Ley 16/2022, permite efectuar cambios estructurales en la cartera de activos y pasivos de una empresa, su estructura organizativa o incluso sus fondos propios. Este procedimiento está diseñado para evitar tanto la insolvencia futura como la actual, siempre que aún sea posible mantener la operatividad de la empresa.
El principal objetivo del plan es lograr un acuerdo viable que beneficie tanto al deudor como a sus acreedores mediante negociaciones estructuradas. Esto incluye desde la reestructuración de deudas hasta, en ciertos casos, la venta de activos, unidades productivas o incluso toda la empresa en funcionamiento.
¿Qué empresas pueden acogerse a un plan de reestructuración?
Según lo dispuesto en la ley, las empresas pueden presentar un plan de reestructuración si tienen una probabilidad de insolvencia, definida como la posibilidad de no poder cumplir con las obligaciones de pago en los próximos dos años. Esto excluye a las empresas que ya se encuentran en una situación de insolvencia actual, ya que en tal caso, deberán someterse directamente a un proceso concursal.
Además, el plan es accesible tanto para pequeñas y medianas empresas (PYMES) como para grandes corporaciones, siempre que cumplan los requisitos legales y presenten la documentación adecuada. Los deudores con menos de 49 empleados y un volumen de negocio o balance inferior a 10 millones de euros deben justificar condiciones específicas, reguladas en los artículos 682 a 684 del TRLC.
Elementos esenciales que debe incluir el plan de reestructuración
El plan de reestructuración debe ser exhaustivo y reflejar de forma clara y detallada la situación económica de la empresa, las estrategias a implementar y los beneficios esperados. Según el artículo 633 del TRLC, los contenidos mínimos que debe incluir son:
- Identificación: Datos del deudor y, si aplica, del experto independiente en reestructuración.
- Estado financiero: Información detallada sobre la situación económica del deudor y las causas de las dificultades económicas.
- Relación de acreedores: Listado de los acreedores cuyos créditos serán afectados, indicando los importes y condiciones actuales.
- Contratos vigentes: Mención de los contratos con obligaciones mutuas que podrían resolverse como parte del plan.
- Impacto en los derechos de socios: Cuando aplique, deberá incluir el valor nominal correspondiente de las acciones o participaciones afectadas.
- Viabilidad: Justificación de las medidas de reestructuración propuestas y las razones por las que garantizarán la operatividad futura de la empresa.
- Acreditaciones de cumplimiento: Certificaciones que garanticen que la empresa está al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, si el plan afecta a créditos públicos.
Implicaciones del plan de reestructuración
Suspensión de ejecuciones
El plan de reestructuración tiene como efecto principal la paralización temporal de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales sobre los bienes necesarios para la actividad empresarial. Esto permite que la empresa continúe generando ingresos mientras se negocia el plan y aumenta las probabilidades de éxito de la reestructuración.
Homologación del plan
Una vez aprobado por las partes requeridas, el plan debe someterse a homologación judicial. Durante este procedimiento, el juez verifica si se cumplen las disposiciones legales contenidas en el TRLC, garantizando así la seguridad jurídica de la operación para todas las partes implicadas. Es importante resaltar que, si el plan afecta los derechos de los socios o de alguna clase específica de acreedores, puede homologarse incluso en contra de su voluntad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley.
Votación y aprobación
La aprobación del plan requiere que las clases de acreedores afectadas voten a favor, sujeto a mayorías especificadas en función del tipo de crédito (dos tercios del pasivo para créditos ordinarios y 75% para créditos garantizados con garantía real). La votación debe efectuarse mediante procedimientos transparentes y notificarse formalmente a los acreedores afectados antes de buscar la homologación judicial.
El papel de Consultame.net en tu plan de reestructuración
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