En el ámbito del derecho de extranjería en España, la orden de expulsión es una medida administrativa aplicada a ciudadanos extranjeros en casos muy concretos. Aunque puede generar incertidumbre y numerosas dudas legales, es importante entender sus implicaciones, los procedimientos asociados y las posibilidades de recurrirla. Además, es fundamental contar con el asesoramiento adecuado para enfrentar de forma efectiva este trámite. En el siguiente artículo, exponemos de manera detallada todo lo referente a esta medida, desde su regulación hasta sus efectos y procedimientos.
¿Qué es una orden de expulsión?
La orden de expulsión es una medida administrativa sancionadora que consiste en la salida obligatoria del extranjero del territorio español y, en muchos casos, lleva aparejada una prohibición de entrada durante un periodo de tiempo determinado. Esta sanción se impone como alternativa a la multa en situaciones específicas, como la comisión de infracciones graves o muy graves previstas en la normativa española.
Es importante aclarar que esta medida debe ajustarse al principio de proporcionalidad y no puede adoptarse de manera arbitraria. Además, su aplicación toma en consideración factores como la situación personal y familiar del extranjero, sus vínculos con España y otras circunstancias relevantes.
Regulación de la orden de expulsión en España
La orden de expulsión está regulada principalmente en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta normativa se complementa con los artículos 242 a 248 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Extranjería, tras las reformas introducidas por la Ley Orgánica 2/2009.
Estas disposiciones establecen tanto los supuestos en los que procede dictar una orden de expulsión como los procedimientos para tramitarla. También fijan los efectos derivados de su ejecución, las excepciones aplicables y las alternativas existentes para el cumplimiento voluntario de la medida.
¿En qué casos puede imponerse una orden de expulsión?
Según la normativa aplicable, se puede dictar una orden de expulsión en las siguientes circunstancias:
- Infracciones muy graves: Incluyen aquellas conductas tipificadas en el artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2000, como promover o participar en actividades relacionadas con la inmigración clandestina.
- Infracciones graves: Se recogen en el artículo 53.1 de la misma ley y abarcan conductas como estancia irregular en el país, la realización de actividades contrarias a la seguridad pública o el incumplimiento de las restricciones de entrada establecidas.
- Antecedentes penales: Cuando el extranjero ha sido condenado por un delito doloso con pena de prisión superior a un año en España o en el extranjero, siempre que no se hubieran cancelado los antecedentes penales.
Duración de la prohibición de entrada asociada a la orden de expulsión
La prohibición de entrada al territorio español tiene una duración limitada, de hasta un máximo de 5 años. En casos excepcionales, y ante riesgos importantes para el orden público, la seguridad o la salud pública, este periodo puede extenderse hasta 10 años, previa justificación y autorización de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Efectos legales de una orden de expulsión
La aplicación de una orden de expulsión conlleva las siguientes consecuencias legales para el extranjero afectado:
- La prohibición de entrada a España y, en algunos casos, a otros Estados que mantengan acuerdos con España en esta materia.
- La pérdida de cualquier autorización de residencia o trabajo, así como el archivo de los procedimientos relacionados con la obtención de dichas autorizaciones.
- La posible clausura de negocios o establecimientos implicados en infracciones relacionadas con la contratación ilegal de extranjeros.
- Decomiso de bienes utilizados para actividades de inmigración ilícita u otras infracciones similares.
Procedimientos para dictar una orden de expulsión
Existen dos procedimientos diferentes según la gravedad de la infracción:
- **Procedimiento preferente**: Se utiliza en casos en los que las circunstancias requieren una actuación inmediata, como en situaciones de seguridad nacional o desobediencia de medidas impuestas por las autoridades. Aquí, los plazos son más cortos y el cumplimiento de la orden se ejecuta de forma inmediata.
- **Procedimiento ordinario**: Es aplicable en supuestos de menor gravedad y permite un plazo de cumplimiento voluntario de entre 7 y 30 días naturales, dependiendo de las circunstancias del caso. Durante este tiempo, el extranjero puede abandonar el país de manera voluntaria sin que se le aplique la prohibición de entrada.
Casos excepcionales en los que no procede la orden de expulsión
La normativa española prevé ciertas excepciones para asegurar la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad o con vínculos significativos en el país. En este sentido, no se puede imponer la orden de expulsión a:
- Extranjeros nacidos en España y que hayan residido legalmente en el país durante al menos 5 años.
- Residentes de larga duración que tengan vínculos significativos en España, como familiares dependientes o tiempo prolongado de residencia.
- Cónyuges o hijos menores que dependan de ciudadanos legales en España.
- Extranjeros beneficiarios de determinadas prestaciones sociales o económicas, como pensiones por incapacidad permanente.
Además, la ejecución no será posible si afecta a mujeres embarazadas en riesgo o si vulnera el principio de no devolución, un criterio básico de protección internacional.
Asesoramiento legal: la importancia de contar con expertos en derecho de extranjería
Enfrentar una orden de expulsión puede ser un proceso complejo que requiere un pleno conocimiento de las leyes y normativas en vigor. Contar con el respaldo de un abogado especializado es fundamental para garantizar la correcta defensa de tus derechos y explorar todas las alternativas posibles. En Consultame.net ofrecemos acceso a una red de abogados expertos en derecho de extranjería en toda España, quienes pueden analizar tu caso y proporcionarte la mejor solución legal adaptada a tus necesidades.