Un moroso es aquel que no ha cumplido con sus obligaciones de pago en el plazo establecido. Esta figura puede corresponder tanto a una persona física como a una persona jurídica, y su regulación se encuentra en el Código Civil español, específicamente en su artículo 1100. Desde el momento en que un deudor incumple su plazo, pasa a ser considerado moroso, afectando no solo su situación jurídica, sino también su reputación y, en algunos casos, su capacidad para realizar ciertas actividades comerciales o personales.
¿Qué implica jurídicamente ser un moroso?
El término moroso no se reduce únicamente al retraso en el cumplimiento de una deuda. Jurídicamente hablando, la condición de morosidad tiene consecuencias tanto procedimentales como contractuales que afectan al deudor y benefician al acreedor en términos de recuperación de la deuda. De acuerdo con el artículo 1100 del Código Civil Español, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante mecanismos legales, lo que incluye tanto vías judiciales como extrajudiciales.
Factores que determinan la morosidad
Para que una persona sea considerada morosa, deben cumplirse ciertos criterios legales:
- El vencimiento de la obligación: Se considera moroso quien, llegados al vencimiento y después de la intimación correspondiente (en caso de que sea requerida), no ha cumplido con su compromiso.
- La exigibilidad de la obligación: La obligación debe ser válida y exigible al momento de su incumplimiento.
- Ausencia de causas justificadas: El deudor no puede acreditar razones lícitas o legales que justifiquen su retraso.
Excepciones y delimitaciones de la mora
Existen situaciones específicas en las que no todos los incumplimientos son considerados morosos. Por ejemplo, el Código Civil establece que no será necesario intimar al deudor en los siguientes casos:
- Cuando la ley o el contrato establezcan directamente el vencimiento sin necesidad de notificación previa.
- Si el tiempo de cumplimiento es esencial para la naturaleza de la obligación: Por ejemplo, en los contratos donde el cumplimiento tardío haga imposible la finalidad del acuerdo, como la prestación de servicios para un evento en una fecha específica.
Consecuencias legales de ser moroso
Además de las gestiones extrajudiciales que el acreedor puede realizar para recuperar la deuda, la condición de morosidad conlleva sanciones legales que el ordenamiento jurídico español contempla con detalle. Estas sanciones se enfocan en garantizar que los derechos del acreedor sean protegidos y que el deudor enfrente las consecuencias de su incumplimiento.
1. Responsabilidad sobre los riesgos
El artículo 1096 del Código Civil establece que el moroso asume los riesgos relacionados con la cosa o el bien objeto de la obligación. Esto incluye la pérdida, el deterioro o robos que puedan producirse mientras su entrega está retrasada. Asimismo, el artículo 1182 refuerza que aunque la pérdida no sea culpa directa del deudor, este deberá asumir las consecuencias de su incumplimiento.
2. Indemnización por daños y perjuicios
Acorde al artículo 1101 del Código Civil, el moroso debe indemnizar al acreedor por los daños y perjuicios que su retraso o incumplimiento cause. En el caso de deudas económicas, generalmente esta indemnización se traduce en el pago de intereses de demora. Si no se hubiera pactado un interés específico en el contrato, se aplicará el interés legal del dinero, fijado cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En 2023, este interés se ha establecido en el 3,25%.
3. Imposibilidad de exigir el cumplimiento del contrato
En las obligaciones conocidas como sinalagmáticas (donde ambas partes deben cumplir simultáneamente obligaciones recíprocas, como en un contrato de compraventa), el moroso pierde la capacidad de exigir judicialmente el cumplimiento de su contraparte. Es decir, si una persona incumple su parte del contrato, no podrá reclamar a la otra el cumplimiento de la suya. Esta disposición protege a la parte que cumple de forma diligente y permite la resolución del contrato si así se solicita.
Medidas contra un moroso
Un acreedor que se enfrenta a un moroso cuenta con varios mecanismos legales a su disposición para reclamar lo que le corresponde. Algunas alternativas incluyen:
- Reclamación extrajudicial: Un primer paso recomendado es enviar una notificación formal al deudor, exigiendo el cumplimiento de la obligación.
- Proceso monitorio: Una vía judicial ágil y económica en la que se permite reclamar de forma sencilla deudas dinerarias documentadas.
- Embargos: En caso de obtener una sentencia favorable, el acreedor puede embargar bienes del deudor para recuperar lo debido.
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Consideraciones finales sobre los morosos
La legislación española establece un marco regulador claro y detallado para tratar la morosidad y proteger los derechos de los acreedores. Sin embargo, cada caso es único y requiere un análisis especializado para determinar cuáles son las mejores acciones legales que se deben tomar. La asesoría de un abogado experto resulta fundamental para abordar casos de morosidad con la seguridad de actuar según lo dictado por la normativa vigente.