La insolvencia actual es una situación jurídica que se presenta cuando una persona, sea física o jurídica, carece de la capacidad económica necesaria para atender de manera regular y puntual las obligaciones financieras que le son exigibles. En términos legales, este concepto se encuentra regulado por el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Dicha normativa establece el marco jurídico para abordar los distintos supuestos de insolvencia, permitiendo al deudor explorar soluciones legales que le ayuden a reordenar su situación financiera.
Desde Consultame.net, sabemos lo complejo que puede resultar enfrentarse a este tipo de situaciones y por eso proporcionamos a los usuarios información detallada y acceso a abogados especializados que les guiarán en la búsqueda de alternativas legales que les permitan gestionar sus deudas de forma eficaz y ajustada a derecho.
¿Qué establece la Ley Concursal sobre la insolvencia actual?
La Ley Concursal, en su artículo 2.3, define la insolvencia actual como aquella situación en la que el deudor ya no puede, de forma regular, cumplir con el pago de sus obligaciones exigibles en el momento presente. Este concepto se diferencia nítidamente de otros tipos de insolvencia previstos por la ley, como la insolvencia inminente o la insolvencia probable, que abordaremos más adelante.
En este contexto legal, uno de los principales objetivos de la normativa es proteger tanto a los acreedores como al propio deudor, estableciendo mecanismos que permitan la negociación, reestructuración o, cuando no exista otra posibilidad, la liquidación ordenada de los bienes del deudor.
Principales implicaciones legales de la insolvencia actual
Cuando un deudor se encuentra en situación de insolvencia actual, está obligado a actuar con diligencia para regularizar su posición. En este sentido, la normativa establece dos caminos principales:
1. Declaración de concurso de acreedores
La solicitud de concurso de acreedores, regulada por la Ley Concursal, es una herramienta central para gestionar la insolvencia. Este procedimiento tiene como finalidad la reordenación de las obligaciones del deudor, búsqueda de acuerdos con los acreedores y, en última instancia, la liquidación del patrimonio, si no se encuentra una solución alternativa.
- Personas jurídicas: Empresas o entidades que no tienen capacidad económica para afrontar sus deudas deben solicitar al juzgado la declaración de concurso. Este proceso busca garantizar que los activos sean distribuidos de manera justa entre los acreedores.
- Personas físicas: Los particulares y autónomos tienen la posibilidad de acogerse a la denominada Ley de la Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, de 28 de julio). Este procedimiento fue diseñado específicamente para permitir la exoneración parcial o total de las deudas, siempre que el deudor cumpla determinados requisitos.
2. Preconcurso de acreedores
El preconcurso de acreedores, previsto en los artículos 583 y siguientes de la Ley Concursal, ofrece una vía preventiva para intentar evitar la declaración de concurso. A través de este mecanismo, el deudor puede negociar con sus acreedores desde una posición formal y amparada por la ley, lo que permite anticiparse al agravamiento de la crisis.
Por ejemplo, una persona física o jurídica que desempeñe actividades empresariales puede informar al juzgado de la apertura de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración, evitando así el colapso económico y la declaración formal de concurso.
Diferencias entre insolvencia actual, inminente y probable
La Ley Concursal establece tres tipos diferentes de insolvencia, cada uno con sus propias características y consecuencias legales:
- Insolvencia actual: Se refiere a la imposibilidad real del deudor de cumplir con sus obligaciones exigibles de forma inmediata.
- Insolvencia inminente: Ocurre cuando, pese a que el deudor todavía puede cumplir con sus obligaciones actuales, se proyecta que dentro de los próximos tres meses será incapaz de hacerlo.
- Insolvencia probable: Aplica exclusivamente a empresas y profesionales que prevén que, sin un plan de reestructuración, no podrán cumplir regularmente sus obligaciones a lo largo de los próximos dos años.
Entender estas distinciones es vital para determinar las acciones legales que deben emprenderse, ya que cada tipo de insolvencia activa diferentes mecanismos previstos en la Ley Concursal.
En un escenario de insolvencia, mantener una reacción proactiva es fundamental para proteger los intereses del deudor y, en la medida de lo posible, salvaguardar la estabilidad económica. Desde Consultame.net, te ofrecemos la posibilidad de contactar con abogados especializados que te guiarán a través de este complejo proceso, estudiando tu situación y diseñando la mejor estrategia legal para afrontar tus deudas. Porque sabemos que la correcta interpretación de la ley y el asesoramiento profesional son herramientas esenciales para transformar un panorama adverso en una oportunidad de nueva estabilidad financiera.