En el ámbito del derecho penal español, las diligencias previas constituyen una etapa esencial dentro del procedimiento abreviado. Esta fase, que se desarrolla en la instrucción del caso, es fundamental para garantizar que el proceso penal avance con bases sólidas y respetando los derechos de todas las partes involucradas. Durante este periodo, se investigan los hechos denunciados, se identifican a los presuntos responsables y se determinan las circunstancias concretas del suceso, así como la competencia del órgano jurisdiccional encargado del caso.
¿Qué son las diligencias previas?
Las diligencias previas abarcan una serie de actuaciones llevadas a cabo por el juez de instrucción con el propósito de acreditar la comisión de un posible delito y establecer las bases del procedimiento judicial a seguir. Este contexto se encuadra dentro del procedimiento penal abreviado, reservado para delitos cuya pena no excede los nueve años de prisión, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Dicha fase se caracteriza por su carácter reservado, lo que se traduce en que únicamente el juez, los funcionarios de justicia y las partes que se personan en el proceso tienen acceso a la información de las actuaciones realizadas. Esta restricción garantiza el adecuado desarrollo de la investigación y resguarda los derechos fundamentales tanto del presunto responsable como de quienes presentan la denuncia.
¿Cuál es la finalidad de las diligencias previas?
El objetivo principal de las diligencias previas es disponer de una investigación preliminar exhaustiva que permita corroborar los hechos denunciados. En concreto, se busca:
- Determinar la naturaleza y las circunstancias de la infracción penal.
- Identificar a los presuntos responsables del delito.
- Establecer el órgano jurisdiccional competente para el enjuiciamiento.
La importancia de esta fase radica en la obtención de pruebas y elementos que permitan al juez decidir si el procedimiento debe continuar hacia un juicio oral o finalizar mediante otras resoluciones judiciales.
Regulación de las diligencias previas
Las diligencias previas están reguladas en los artículos 774 al 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas disposiciones establecen los criterios fundamentales para la instrucción penal en el procedimiento abreviado y determinan las garantías para los investigados y denunciantes.
Adicionalmente, según el propio precepto legal, las normas contenidas en el libro II de esta ley, relativas al sumario del procedimiento ordinario, serán aplicables en todo aquello que no contradiga la regulación específica del procedimiento abreviado.
Actuaciones dentro de las diligencias previas
Entre las múltiples actuaciones que pueden desarrollarse durante esta fase de investigación, destacan:
- La inspección ocular del lugar del delito, para identificar vestigios o pruebas materiales relevantes.
- La recogida y análisis de los instrumentos relacionados con el delito, como documentos probatorios o sustancias intervenidas.
- La identificación de las personas implicadas, a través de ruedas de reconocimiento o informes oficiales de edad.
- La realización de informes periciales que aporten claridad sobre aspectos técnicos o científicos relacionados con el delito.
- Toma de declaraciones de testigos y realización de careos entre estos y los investigados.
- Investigación de los antecedentes penales y verificación de la capacidad del investigado para comprender el alcance de sus actos.
- Prisiones provisionales o medidas de aseguramiento patrimonial, si así lo considera necesario el juez.
¿Quién lleva a cabo estas diligencias?
Las diligencias previas son dirigidas por el juez de instrucción, quien asume la responsabilidad de ordenar y supervisar las actuaciones. No obstante, el desarrollo material de algunas de estas diligencias puede ser delegado a la policía judicial, siempre bajo la estricta supervisión del juez.
Según lo estipulado en el artículo 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez debe garantizar que se cumplan todos los procedimientos necesarios «empleándose para ello los medios comunes y ordinarios establecidos en la ley». Asimismo, el Ministerio Fiscal se mantendrá informado del progreso de la investigación y podrá ejercer su derecho a solicitar actuaciones específicas.
Duración de las diligencias previas
La fase de diligencias previas debe desarrollarse en un plazo máximo de 12 meses, prorrogables en tramos sucesivos de seis meses cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Esto garantiza que las actuaciones se realicen con la debida diligencia pero sin entregar resultados prematuros que puedan comprometer el desarrollo del juicio oral.
En cualquier caso, la prolongación de los plazos requiere de motivación suficiente por parte del juez instructor, justificando esa decisión en la complejidad del asunto o la necesidad de practicar diligencias esenciales para la resolución del caso.
Posibles resultados de las diligencias previas
Cuando las diligencias previas concluyen, el juez de instrucción, mediante un auto motivado, puede adoptar diferentes resoluciones según el resultado de la investigación, tal y como detalla el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
- Sobreseimiento libre: Si los hechos investigados no constituyen infracción penal.
- Sobreseimiento provisional: Si no resulta posible identificar al autor o si no se hallan indicios suficientes de criminalidad.
- Continuación del procedimiento abreviado: Si se determina que existe base suficiente para formular acusación formal y proceder al juicio oral.
- Remisión al juez competente: Si se trata de delitos leves o casos asignados a otra jurisdicción.
- Juicio rápido: Si el caso cumple con los requisitos establecidos para esta modalidad y existe una declaración de conformidad por parte del investigado.
Independientemente del auto que dicte el juez, es fundamental que todas las partes cuenten con la asesoría adecuada durante este proceso. En Consultame.net, nuestros expertos penalistas están disponibles para orientarte y brindarte el respaldo que necesitas en procedimientos como este.