Infracción urbanística

La infracción urbanística representa un incumplimiento de la normativa urbanística regulada en España. Estas infracciones, que pueden surgir de actos como parcelaciones ilegales, construcciones sin licencia o modificaciones no autorizadas, generan repercusiones legales importantes. El marco regulador de este tipo de actos lo forman varias normas de ámbito nacional, autonómico y local, entre las que destaca el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

¿Qué se considera una infracción urbanística?

Se define como infracción urbanística cualquier acción que incumpla los planes, normas y ordenanzas de construcción, edificación y usos del suelo, establecidos por la legislación urbanística vigente. Entre los actos más habituales que constituyen este tipo de infracciones están:

• La realización de parcelaciones urbanísticas no autorizadas.
• Construcción de edificaciones sin contar con la correspondiente licencia urbanística.
• Movimientos de tierra que alteren el entorno sin permiso.
• Modificaciones estructurales o estéticas de inmuebles que no cumplan con los requisitos legales.
• Cambio de uso de edificios o terrenos sin autorización administrativa.
• Instalación de carteles publicitarios sin licencia.
• Demoliciones efectuadas sin ajustar a normativa urbanística.

Clasificación de las infracciones urbanísticas

El régimen español otorga a estas infracciones una categoría que varía en función de la gravedad de la acción, considerando tanto su impacto como la normativa transgredida. Existen tres tipos principales:

• Leves: Infracciones menores que generalmente implican incumplimientos técnicos o errores de escala limitada.
• Graves: Aquellas que afectan directamente los parámetros urbanísticos, como altura, volumen o utilización del suelo contrario al planeamiento urbanístico.
• Muy graves: Actos que impactan significativamente áreas protegidas como zonas verdes, suelo no urbanizable o patrimonio arquitectónico.

Es esencial considerar que las clasificaciones específicas pueden diferir según la comunidad autónoma, pues cada una tiene legislación complementaria que matiza y regula estos ámbitos de manera concreta.

Sanciones por infracción urbanística

Las sanciones administrativas y legales buscan restaurar la legalidad urbanística vulnerada y castigar los incumplimientos cometidos. Estas son las más comunes:

• Suspensión de obras: Si las obras se han llevado a cabo sin licencia o con una vulneración importante, puede ordenarse su paralización inmediata.
• Multas: Se aplican económicas en proporción a la gravedad de la infracción, pudiendo incrementarse si se comprueba que el responsable obtiene un beneficio económico mayor al monto inicial de la multa.
• Demolición: Para aquellas construcciones que no puedan ajustarse a la normativa o cuya licencia haya sido denegada. En estos casos, los costes de demolición recaen sobre el responsable.
• Indemnizaciones por daños y perjuicios: Cualquier daño derivado de la infracción deberá ser resarcido económicamente a los afectados.
• Orden de restauración del entorno: Obliga al infractor a corregir las alteraciones realizadas, devolviendo el suelo o la edificación a su estado original.

Marco legal aplicable

La normativa española establece un marco de actuación para las infracciones urbanísticas, tanto a nivel estatal como autonómico. A nivel nacional, destacan los siguientes textos legislativos:

• Real Decreto Legislativo 7/2015, sobre infracciones y sanciones urbanísticas.
• Real Decreto 1346/1976, que regula el régimen del suelo y la ordenación urbanística.
• Disposiciones recogidas en el Real Decreto 2187/1978, sobre la disciplina urbanística.

Además, resulta fundamental tener en cuenta las leyes propias de cada comunidad autónoma, ya que estas determinan aspectos específicos, como la prescripción de infracciones o las particularidades en la imposición de sanciones. Por ello, contar con asesoramiento legal local es de vital importancia para entender el alcance normativo según cada territorio.

Prescripción de las infracciones urbanísticas

Uno de los aspectos clave es la prescripción de las infracciones y sanciones urbanísticas. Este concepto establece un periodo tras el cual no se puede imponer una sanción, siempre que la Administración no haya actuado dentro del plazo determinado. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, la prescripción general para las infracciones urbanísticas es de 4 años desde la terminación de la obra o el acto infractor. Sin embargo, cada comunidad autónoma estipula sus propios periodos de prescripción:

Ejemplos de prescripción en comunidades autónomas

• Cataluña: Según su legislación, las infracciones menores prescriben en 2 años, las graves en 4 años y las muy graves en 6 años.
• Andalucía: La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía fija un plazo de 4 años para infracciones graves y muy graves, y 1 año para las leves.
• Baleares: Los plazos de prescripción varían entre 1 y 8 años según la gravedad del acto, según el artículo 205 de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (LUIB).
• Galicia: Las infracciones muy graves prescriben en 15 años, las graves en 6 años y las leves en 2 años.

Es importante tener en cuenta que el vencimiento del plazo de prescripción solo afecta a la potestad sancionadora, y no necesariamente implica que la Administración pierda su derecho a exigir la legalización de las actuaciones realizadas.

En casos de infracciones urbanísticas, resulta fundamental actuar con rapidez y contar con el respaldo de expertos legales. Si necesitas orientación profesional, en Consultame.net puedes contactar con abogados especialistas en urbanismo que te ayudarán a esclarecer tu situación y proteger tus intereses dentro del marco normativo aplicable.