Dentro del marco del derecho administrativo español, el silencio administrativo se configura como una herramienta jurídica de especial relevancia. Esta figura actúa como un mecanismo que garantiza una respuesta tácita cuando la Administración Pública, pese a su obligación legal, incumple con los plazos establecidos para resolver los procedimientos administrativos. Pero, ¿en qué consiste exactamente y cómo afecta a los derechos de los ciudadanos? Desde Consultame.net, nos proponemos explicarlo de forma clara.
¿Qué es el silencio administrativo?
El silencio administrativo se encuentra regulado en los artículos 24 y 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta figura jurídica protege a los ciudadanos frente a la inacción de la Administración al proporcionarles la posibilidad de interpretar el resultado de sus solicitudes (estimación o desestimación) cuando ha vencido el plazo legal para que estas sean resueltas y notificadas de forma expresa.
De conformidad con el artículo 21 de la misma ley, las Administraciones Públicas tienen el deber de resolver de manera expresa todos los procedimientos administrativos, con independencia de su forma de inicio. Sin embargo, esta obligación no siempre se cumple, llevando al surgimiento del silencio administrativo.
Tipos de silencio administrativo
El silencio administrativo puede adoptar dos sentidos según el procedimiento administrativo del que se trate:
Silencio administrativo positivo
El silencio administrativo tendrá un sentido favorable en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, considerando estimada su petición si la Administración no ha emitido una resolución expresa dentro del plazo correspondiente. Este efecto estimatorio aplica salvo en aquellos casos donde una norma con rango de ley estipule lo contrario.
Silencio administrativo negativo
Por su parte, el silencio administrativo con efecto desestimatorio aplica a situaciones específicas, tales como:
- Procedimientos iniciados de oficio que puedan derivar en el reconocimiento o constitución de derechos.
- Procedimientos cuya estimación tendría como consecuencia la transferencia de facultades relacionadas con el dominio o servicio público.
- Aquellos que supongan el ejercicio de actividades con potencial de generar daños al medio ambiente.
- Procedimientos relativos a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
En estos supuestos, el silencio no supone el fin del camino, ya que habilita al interesado a interponer los recursos administrativos o contencioso-administrativos que sean procedentes.
Efectos del silencio administrativo
Actos administrativos generados por silencio positivo
Cuando se produce un silencio positivo, se reconoce el efecto estimatorio de la solicitud, y esto se considera un acto administrativo finalizador. Este acto tendrá plena validez desde el momento en que venza el plazo máximo de resolución, siendo potestad del ciudadano hacerlo valer ante cualquier entidad pública o privada.
Para acreditarlo, la Administración está obligada a expedir, de oficio, un certificado acreditativo del silencio administrativo obtenido dentro del plazo de 15 días hábiles tras la expiración del plazo máximo. Asimismo, el ciudadano puede solicitar dicho certificado en cualquier momento si no ha sido expedido de oficio.
Desestimación por silencio negativo
En los casos en los que el silencio tenga carácter negativo, este únicamente habilita al interesado a recurrir la decisión. Sin embargo, cabe destacar que la obligación de la Administración de dictar una resolución expresa persiste, lo que incluye la posibilidad de emitir una resolución una vez consumado el plazo inicial, aunque esta ya no se verá vinculada al sentido del silencio previamente determinado.
Obligaciones de la Administración ante el silencio administrativo
La obligación de resolver por parte de la Administración subsiste incluso después del vencimiento del plazo legal. En consecuencia:
- Si el silencio ha sido estimatorio, cualquier resolución emitida posteriormente solo podrá ser para confirmar el sentido del silencio.
- Si el silencio ha sido desestimatorio, el órgano administrativo podrá dictar una resolución sin quedar vinculado al sentido previamente atribuido por el silencio.
Este mandato legal está orientado a garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Efectos del silencio en procedimientos iniciados de oficio
En los procedimientos que se inician por la propia Administración, el alcance del silencio administrativo depende del tipo de procedimiento:
- Si el procedimiento busca otorgar derechos a los interesados, el silencio se considera desestimatorio, abriendo la posibilidad de recurrir la decisión en instancias administrativas o judiciales.
- Cuando se trate de procedimientos sancionadores o de intervención con efectos desfavorables para los ciudadanos, se producirá la caducidad del procedimiento, ordenando el archivo de las actuaciones.
En definitiva, el silencio administrativo es una figura que, pese a su carácter técnico y complejo, juega un rol esencial en la interacción entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas en España. Si estás enfrentando un procedimiento administrativo y necesitas asistencia jurídica, en Consultame.net contamos con abogados especializados en derecho administrativo en toda España que pueden orientarte de forma personalizada y eficaz.