La contratación pública es un proceso esencial dentro del Derecho Administrativo que regula las operaciones de adquisición de bienes, servicios y obras llevadas a cabo por las entidades pertenecientes al sector público en España. Su función principal no es solo satisfacer necesidades de interés general, sino también garantizar que estas adquisiciones se realicen bajo estrictos principios de transparencia, igualdad y eficiencia. Este conjunto de normas promueve la libre competencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Regulada por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, esta normativa se erige como un pilar legal esencial en la interacción entre la Administración y las empresas privadas que participan en el mercado público. A través del cumplimiento estricto de esta ley y sus artículos, se busca cumplir los valores fundamentales de objetividad y eficiencia, claves en los procesos de adjudicación de contratos.
¿Qué es la contratación pública y por qué es importante?
La contratación pública hace referencia al conjunto de procedimientos mediante los cuales las entidades del sector público adquieren productos, solicitan servicios o encargan la ejecución de obras necesarias para cumplir con sus objetivos sociales o administrativos. Estas operaciones son denominadas jurídicamente contratos del sector público y quedan reguladas por la mencionada Ley 9/2017.
Entre los aspectos más relevantes que justifican la importancia de la contratación pública están:
- El uso eficiente de los recursos públicos: La normativa garantiza que el gasto público esté orientado a obtener la mejor relación entre coste y beneficio.
- Promoción de la competencia: Todos los licitadores tienen las mismas oportunidades de participar, eliminando barreras injustas de acceso.
- Transparencia: Cada etapa del proceso debe ser pública y visible, lo que fomenta la confianza en las instituciones.
Principales sujetos en la contratación pública
Dentro de cualquier proceso de contratación pública existen dos agentes principales:
- El órgano de contratación: Es la entidad perteneciente al sector público que emite el contrato. Este puede ser un organismo de la Administración General del Estado, una comunidad autónoma, los ayuntamientos, entre otros.
- El contratista: También conocido como adjudicatario, es la persona física o jurídica encargada de cumplir con las obligaciones contractuales. Puede tratarse de empresas privadas, autónomos o entidades del tercer sector.
Ambos actores juegan un papel crucial en garantizar que el contrato se ejecute de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 9/2017.
Clasificación de los contratos del sector público
Uno de los puntos más destacados dentro de la normativa es la clasificación de los distintos contratos que las entidades públicas pueden adjudicar. Según su objeto, estos contratos se dividen en:
Contratos de obras
Son aquellos que tienen como finalidad la construcción, mantenimiento o realización de una obra destinada a cumplir una función económica o técnica determinada. Dentro de esta categoría también se incluye la restauración de edificios o infraestructuras existentes.
Contratos de concesión de obras
Incluyen la ejecución de una obra por parte de un concesionario, quien también puede ser responsable de su explotación y mantenimiento. En este caso, el concesionario asume un riesgo operacional relativo a la demanda o el suministro del proyecto.
Contratos de servicios
Son aquellos centrados en actividades que van desde asesorías y estudios técnicos hasta servicios de limpieza o logística. Su propósito es satisfacer necesidades administrativas específicas.
Contratos de suministro
Se refieren a la compra, arrendamiento o adquisición de bienes muebles o productos específicos por parte de las administraciones públicas.
Contratos mixtos
Cuando un contrato incluye prestaciones asociadas a más de una modalidad contractual, como podría ser un contrato que combine servicios y suministros, queda clasificado como mixto.
Procedimientos de adjudicación
El proceso de adjudicación se puede realizar mediante diversos procedimientos establecidos en la Ley 9/2017, dependiendo de la naturaleza y complejidad del contrato:
Procedimiento abierto
Permite la participación de cualquier interesado que cumpla con los requisitos previos indicados en el pliego de condiciones. Se trata de un modelo que garantiza la máxima concurrencia.
Procedimiento restringido
En esta modalidad, solo aquellos operadores económicos seleccionados previamente por la administración pueden presentar una oferta.
Licitación con negociación
Se lleva a cabo cuando el contrato requiere ajustes personalizados respecto a sus condiciones, y es necesario establecer negociaciones con los licitadores preseleccionados.
Diálogo competitivo
Utilizado en proyectos especialmente complejos, permite a las entidades públicas iniciar un diálogo para identificar soluciones prácticas antes de formalizar la oferta final.
Asociación para la innovación
Se orienta a fomentar la investigación y la creación de productos o servicios no existentes en el mercado, como respuesta a necesidades específicas de las instituciones públicas.
Cada procedimiento incluye garantías legales y administrativas para preservar los intereses del sector público y del licitador.
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