La concesión administrativa es un instrumento jurídico mediante el cual una Administración Pública encomienda a una entidad privada, ya sea una empresa o un particular, la gestión, explotación o ejecución de un bien o servicio público. Este encargo se formaliza mediante un contrato en el que se detallan las condiciones específicas, los derechos y obligaciones de las partes, así como el periodo de vigencia. Se trata de una de las herramientas más utilizadas en el ámbito del derecho administrativo para colaborar con el sector privado y garantizar el cumplimiento de fines de interés general.
- Delegación de servicios públicos: Permite a un particular gestionar servicios o bienes públicos, manteniéndose la titularidad estatal bajo ciertos requisitos y condiciones.
- Temporalidad: La concesión tiene un plazo definido, tras el cual los bienes o servicios regresan al control del ente público.
- Retribución al concesionario: El concesionario puede percibir ingresos de los usuarios o del Estado por la ejecución del servicio asignado.
- Control administrativo: La Administración supervisa el cumplimiento de los términos del contrato para garantizar que se satisfagan los objetivos públicos.
- Riesgo del concesionario: El particular asume los riesgos económicos derivados de la gestión, como costes operativos o fluctuaciones en la demanda.
- Extinción de la concesión: Puede terminar por expiración del plazo, incumplimiento de obligaciones o mutuo acuerdo entre las partes.
Aspectos esenciales de la concesión administrativa
Una concesión administrativa puede configurarse únicamente bajo la titularidad de la Administración Pública, ya que los bienes o servicios objeto de esta fórmula jurídica son de dominio público y, por tanto, intransferibles a terceros de manera permanente. A continuación, se detallan los elementos que definen esta figura:
Carácter temporal
La concesión siempre se otorga por un periodo limitado, definido en el contrato. Este plazo, aunque puede prorrogarse bajo ciertas condiciones, no podrá perpetuarse indefinidamente, ya que la Administración conserva en todo momento la titularidad del servicio o bien público.
Control administrativo
A pesar de delegar la gestión o explotación, la Administración mantiene el poder de control y supervisión sobre el concesionario. Este control asegura que los fines del contrato se cumplan y que la medida beneficie al interés público.
Cumplimiento normativo
Toda concesión administrativa debe operar dentro del marco normativo establecido por la ley. En España, la regulación se encuentra en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, «LCSP»), que incorpora las directivas europeas a nuestro ordenamiento. En particular, la LCSP regula las concesiones de obras y servicios en sus artículos 14 y 15. Puede consultarse el texto completo en el Boletín Oficial del Estado.
Partes intervinientes en la concesión administrativa
En un contrato de concesión administrativa intervienen dos figuras principales:
Concedente
Corresponde a la Administración Pública que otorga la concesión, pudiendo ser de ámbito local, autonómico o estatal. Su función principal es regular y supervisar la correcta ejecución del contrato, velando por que se ajusten a los fines de interés general previamente establecidos.
Concesionario
Es la persona física o jurídica (empresa privada o entidad) que asume los derechos y obligaciones vinculados al objeto de la concesión. Su papel principal incluye la explotación o prestación del servicio público bajo las condiciones estipuladas en el contrato.
Derechos y responsabilidades en la concesión administrativa
Como toda relación contractual, la concesión administrativa genera una serie de derechos y obligaciones mutuas que deben cumplirse para garantizar su éxito.
Derechos y obligaciones del concesionario
Entre los derechos del concesionario destacan:
- Recibir retribuciones económicas, ya sea de los usuarios del servicio o mediante los pagos de la Administración, según la naturaleza de la concesión.
- Hacer uso de bienes públicos necesarios para llevar a cabo la actividad encomendada, siempre respetando su naturaleza.
- Solicitar indemnizaciones en caso de que el concedente incumpla parte del contrato o provoque daños por decisiones externas al concesionario.
Por otro lado, las obligaciones del concesionario incluyen, entre otras:
- Cumplir con los plazos pactados en la ejecución o prestación del servicio.
- Garantizar que el servicio esté disponible para todos los usuarios que cumplan con las condiciones previstas, promoviendo el acceso universal.
- Asumir responsabilidades por los daños o perjuicios derivados de la prestación del servicio.
Derechos y obligaciones del concedente
La Administración, como titular de la concesión, debe:
- Realizar un procedimiento de selección riguroso para asignar la concesión al licitador idóneo.
- Establecer las condiciones contractuales que resulten más beneficiosas para atender al interés público.
- Ejercer labores de supervisión para garantizar el correcto funcionamiento del servicio o explotación.
- En caso de necesidad, extinguir la concesión, compensando económicamente al concesionario cuando proceda.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
El proceso de adjudicación de las concesiones administrativas
El procedimiento para que una Administración otorgue una concesión administrativa se desarrolla mediante un proceso de licitación, garantizando así los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y objetividad. Este proceso, regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, incluye las siguientes fases clave:
Estudio de viabilidad
Previamente a la licitación, la Administración debe realizar un estudio detallado que justifique la utilidad de la concesión. En este análisis se contemplan factores como el impacto social, ambiental, financiero y normativo del proyecto.
Preparación y publicación del contrato
Se redacta un pliego de cláusulas administrativas que determinan las bases del contrato, como los requisitos para los licitadores, las condiciones económicas y técnicas y los posibles casos de resolución. Este documento se publica en el perfil del contratante y, en ciertos casos, también en el «Diario Oficial de la Unión Europea» para garantizar una mayor concurrencia.
Licitación y adjudicación
Las empresas interesadas presentan sus ofertas, que serán evaluadas bajo criterios objetivos previamente establecidos. El contrato se adjudica al licitador que ofrezca la oferta más ventajosa en función de coste, calidad y otras variables especificadas en los pliegos.
Finalización y efectos de la concesión administrativa
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Una concesión administrativa puede terminar por tres vías principales: el cumplimiento del plazo contractual, su resolución por incumplimiento de las partes, o la necesidad de extinción anticipada en favor del interés público. En caso de finalizar la concesión, el concesionario pierde todos los derechos sobre el bien o servicio, mientras que la Administración debe hacerse cargo de estos nuevamente.
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