Acuerdos de refinanciación

Los acuerdos de refinanciación son herramientas legales disponibles en España que permiten a empresas y personas físicas en situación de insolvencia negociar con sus acreedores para reestructurar sus deudas. Este mecanismo se encuentra regulado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, cuyo objetivo principal es la conservación del tejido empresarial evitando liquidaciones innecesarias. A través de los acuerdos de refinanciación, es posible no solo garantizar la viabilidad económica de una empresa en el corto y mediano plazo, sino también proteger los intereses de los acreedores involucrados.

¿Qué son los acuerdos de refinanciación y cómo funcionan?

Los acuerdos de refinanciación, recogidos en el ámbito preconcursal, son pactos entre un deudor insolvente, bien sea una persona física o jurídica, y sus acreedores. Su finalidad es renegociar las condiciones de las obligaciones financieras, ampliando plazos de pago, modificando intereses o aplazando vencimientos, de forma que el deudor disponga de una mayor flexibilidad para cumplir sus compromisos.

En términos legales, los acuerdos de refinanciación buscan evitar la entrada del deudor en un proceso de concurso de acreedores, garantizando la continuidad del negocio o actividad económica afectada. Estos acuerdos pueden ser homologados judicialmente, lo que les otorga mayor seguridad jurídica e impide que algunos acreedores puedan cuestionarlos posteriormente.

Tipos de acuerdos de refinanciación según la legislación española

El Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), reformado por la Ley 16/2022, establece diferentes tipologías de acuerdos de refinanciación. Cada uno cuenta con características y requisitos específicos que detallaremos a continuación:

1. Acuerdos colectivos de refinanciación

Estos acuerdos son los más utilizados, ya que engloban a una pluralidad significativa de acreedores y proporcionan ventajas legales sustanciales. Según lo dispuesto en el artículo 596 del TRLC, deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Mayorías cualificadas: Los acreedores que suscriban el acuerdo deben representar al menos tres quintas partes del pasivo financiero afectado.
  • Plan de viabilidad: Es indispensable presentar un plan avalado por un experto independiente que demuestre la viabilidad económica de las medidas adoptadas.
  • Formalización en instrumento público: Este tipo de acuerdos debe inscribirse en escritura pública, garantizando la trazabilidad del compromiso adquirido por las partes.

2. Acuerdos singulares de refinanciación

A diferencia de los colectivos, los acuerdos singulares solo involucran al deudor y a uno o varios acreedores específicos. Estos acuerdos no requieren homologación judicial y, al no estar protegidos por la comunicación de apertura preconcursal, su margen de actuación es más limitado. Los principales elementos que caracterizan a esta modalidad son:

  • Limitación en la cantidad de acreedores involucrados: Están destinados únicamente a pactos individuales.
  • Formalización obligatoria: Deben ser recogidos en escritura pública junto con todos los planes de viabilidad y documentación financiera necesaria.

3. Acuerdos extraordinarios de refinanciación

Se trata de modalidades que no se adecúan a los requisitos estrictos de las categorías anteriores pero que pueden ser útiles en ocasiones donde la situación exige medidas urgentes o muy particulares. Cabe destacar que estos acuerdos, al no cumplir con los requisitos generales, no gozan de los mismos privilegios jurídicos que los colectivos.

Beneficios y efectos de los acuerdos de refinanciación

La implementación de un acuerdo de refinanciación puede crear las condiciones necesarias para aligerar la carga financiera del deudor y garantizar la sostenibilidad económica. Estos son algunos de sus principales efectos:

  • Protección frente a la apertura de concursos de acreedores: Los acuerdos homologados judicialmente no pueden ser impugnados por los acreedores que opten por no adherirse al pacto.
  • Suspensión de ejecuciones: Una vez homologado el acuerdo, se suspenden ejecuciones individuales contra el deudor, salvo excepciones como créditos laborales no satisfechos.
  • Flexibilidad en las condiciones de pago: Los plazos, cantidades e intereses pueden ser renegociados según lo estipule el acuerdo.
  • Garantía de continuidad empresarial: La actividad económica del deudor se mantiene activa, preservando los empleos y las operaciones esenciales.

Plazos para la negociación de un acuerdo de refinanciación

El artículo 583 del TRLC establece que, una vez presentada la comunicación al juzgado que indica el inicio de las negociaciones, el deudor cuenta con un plazo máximo de tres meses para acordar la reestructuración de su deuda con los acreedores. Durante este periodo, el deudor está protegido frente a posibles ejecuciones o solicitudes de concurso de acreedores mientras avanza el proceso de negociación.

Transcurridos estos tres meses, si no se llega a un acuerdo, el deudor dispone de un mes adicional para solicitar la declaración de concurso si su situación de insolvencia persiste.

¿Qué ocurre si se incumple un acuerdo de refinanciación?

En caso de que un acuerdo de refinanciación no sea cumplido por alguna de las partes, las consecuencias jurídicas pueden ser diversas dependiendo del tipo de incumplimiento. Algunos de los posibles escenarios incluyen:

  • Resolución del acuerdo: Este puede quedar sin efectos, regresando las relaciones entre deudor y acreedores a la situación previa.
  • Ejecuciones individuales: Los acreedores pueden retomar procedimientos legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones.
  • Solicitud de concurso de acreedores: Tanto el deudor como los acreedores pueden solicitar la apertura del procedimiento concursal.

Ante la complejidad que implica la negociación y formalización de un acuerdo de refinanciación, contar con el asesoramiento de expertos resulta fundamental. En Consultame.net, ponemos a tu disposición abogados especializados en derecho concursal que te podrán guiar a lo largo de todo el proceso, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y protegiendo tus intereses.

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