Las sociedades instrumentales son un tema recurrente en el ámbito jurídico y empresarial, especialmente por la controversia que generan respecto a su uso y legalidad. Estas entidades, también conocidas como sociedades pantalla, son creadas generalmente para actuar como intermediarias entre el mercado y el prestador de servicios. Su objetivo inicial puede ser lícito, pero en muchos casos se utilizan para propósitos menos transparentes, como eludir cargas fiscales, camuflar operaciones financieras o dificultar el seguimiento de bienes y fondos. Debido a ello, su creación y funcionamiento están sujetas a un escrutinio detallado por parte de las autoridades fiscales y legales en España.
¿Qué es una sociedad instrumental?
Una sociedad instrumental, también denominada sociedad pantalla, se define como una entidad mercantil que carece de actividad económica sustancial, estructura organizativa propia o infraestructura real. Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, estas son formalmente personas jurídicas, pero en la práctica carecen de actividad material y se emplean con frecuencia para fines opacos o dudosos.
El Tribunal Supremo ha señalado que este tipo de sociedades son utilizadas principalmente para evitar el rastreo de la propiedad y origen de fondos. Asimismo, según la Agencia Tributaria, se consideran instrumentales aquellas que, sin una actividad real detrás, tienen como propósito reducir la tributación de sus socios o propietarios.
Estos objetivos pueden incluir desde la protección de activos hasta evitar la aplicación de normativas legales específicas, lo que las convierte en herramientas susceptibles de incidencia fiscal y jurídica.
Funcionamiento de las sociedades instrumentales
El funcionamiento de una sociedad instrumental gira en torno a la apariencia de actividad económica. Puede emitir facturas, gestionar activos o incluso firmar contratos, pero sin tener una operativa real que respalde estas acciones. En términos generales, los objetivos de la creación de estas sociedades pueden clasificarse en dos grandes categorías:
1. Propósitos legítimos
En algunos casos, las sociedades instrumentales se constituyen con fines legales y perfectamente legítimos. Esto incluye:
- La gestión de patrimonio familiar o empresarial, por ejemplo, en forma de sociedades patrimoniales dedicadas exclusivamente a la conservación y optimización de bienes.
- La separación de actividades económicas de diferentes ramas de un negocio.
- La protección de la responsabilidad personal del empresario bajo el marco de las sociedades limitadas.
2. Usos controvertidos
No obstante, es común encontrarse con un uso más controvertido de estas entidades, lo que las coloca en el radar de las inspecciones fiscales y penales. Entre estos usos destacan:
- Ocultar el patrimonio real del titular.
- Eludir cargas fiscales personales, mediante la menor tributación del impuesto de sociedades frente al IRPF.
- Facilitar actividades como el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.
Legalidad de las sociedades instrumentales en España
Como entidad jurídica reconocida en el ordenamiento español, la creación de una sociedad instrumental, en sí misma, no es ilegal. Sin embargo, los problemas legales surgen cuando dicha sociedad se utiliza con fines fraudulentos. Específicamente, la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014) en su artículo 18 regula las operaciones vinculadas y establece que estas deben realizarse a precio de mercado, para evitar alteraciones fiscales indebidas.
Además, el Código Penal español tipifica como delito la evasión fiscal cuando las cantidades defraudadas superan los 120.000 euros en un ejercicio fiscal. Por lo tanto, cualquier utilización de una sociedad instrumental para reducir artificialmente la carga tributaria puede derivar en sanciones graves, multas e incluso penas de prisión.
Uso de sociedades instrumentales para gastos personales
Un caso particularmente sensible es el empleo de una sociedad instrumental para asumir gastos personales del administrador o los socios. Esto se considera ilegal si los gastos no están relacionados con el objeto social de la empresa ni debidamente justificados en su contabilidad. Ejemplos comunes incluyen:
- Vehículos de uso privado que figuran como activos de la empresa.
- Depreciación de inmuebles registrados a nombre de la sociedad, pero que se utilizan como residencias personales.
- Facturación de servicios personales ajenos a la actividad económica declarada.
El artículo 18 de la Ley 27/2014 refuerza este punto al tratar la valoración de operaciones vinculadas a precio de mercado y exigir la correcta imputación tributaria de todos los ingresos y gastos en su justa medida.
¿Cómo evitar problemas legales con una sociedad instrumental?
La mejor manera de garantizar que una sociedad instrumental no incurra en actos ilícitos es estructurarla y gestionarla con total transparencia y de conformidad con la normativa vigente. Algunos consejos a tener en cuenta son:
- Establecer una actividad real y efectiva, con empleados contratados y una infraestructura organizativa adecuada.
- Declarar correctamente todas las operaciones realizadas por la sociedad e imputar los ingresos y gastos al impuesto que corresponda.
- Asegurarse de que la estructura y los objetivos de la sociedad cumplen con los principios legales y fiscales en España, según la normativa aplicable y el Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria.
En cualquier caso, la gestión y uso de una sociedad instrumental requiere supervisión especializada. Si deseas obtener más información o necesitas asesoramiento en la gestión de este tipo de entidades, puedes contactar con nuestro equipo de expertos en derecho mercantil a través de Consultame.net, donde encontrarás un equipo de abogados especializados en la materia.