En el ámbito del derecho penal y de familia en España, el término sustracción de menores representa una situación de grave preocupación, ya que implica el bienestar y los derechos fundamentales de los menores involucrados. Este artículo tiene como objetivo explicar en detalle el concepto, las regulaciones legales aplicables y las medidas que pueden adoptarse frente a un caso de este tipo.
¿Qué es la sustracción de menores?
La sustracción de menores está tipificada como delito en España y ocurre cuando un progenitor, o en algunos casos otros familiares, trasladan a un menor fuera de su lugar de residencia habitual sin el consentimiento del otro progenitor o incumpliendo gravemente una resolución judicial o administrativa. Este trasladado puede realizarse dentro del ámbito nacional o internacional.
Vale la pena mencionar que se considera sustracción tanto el traslado físico como la retención del menor que vulnere lo estipulado en una resolución judicial. El objetivo de la normativa es proteger las relaciones familiares y garantizar los derechos del menor y del progenitor afectado.
¿Qué normativa regula este delito?
En el contexto español, el delito de sustracción de menores está regulado en el artículo 225 bis del Código Penal, dentro del título XII, dedicado a los delitos contra las relaciones familiares. Este artículo detalla las circunstancias que constituyen este delito, las penas aplicables y posibles atenuantes en función del comportamiento del sustractor tras la comisión del delito. Puedes consultar el texto completo en el portal oficial del Código Penal publicado por el BOE.
Además, en los casos de sustracción internacional, la regulación se complementa con el «Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores», adoptado en La Haya el 25 de octubre de 1980. Este convenio se centra en la restitución del menor al lugar de residencia habitual y el respeto al derecho de custodia.
Otras normativas relevantes
- Artículo 158.3º del Código Civil, que permite tomar medidas preventivas para proteger al menor ante un posible caso de sustracción.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ha reforzado los derechos del menor en casos de conflictos familiares.
Características principales del delito de sustracción de menores
Para comprender mejor este delito, es importante tener en cuenta una serie de características clave que establece la regulación:
- Sujeto activo: Solo puede ser cometido por uno de los progenitores del menor, sus ascendientes o aquellos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
- Carácter doloso: Este delito requiere la intención deliberada de apartar al menor del entorno y personas con las que debería convivir según la ley o una resolución judicial.
- Delito de resultado: La conducta delictiva se configura cuando efectivamente se consuma el traslado o la retención del menor.
- Ámbito de aplicación internacional: En los casos en los que el menor sea trasladado fuera de las fronteras de España, se aplica la normativa internacional mencionada anteriormente.
Penas previstas para el delito de sustracción de menores
El artículo 225 bis del Código Penal establece penas específicas dependiendo de las circunstancias tras la comisión del delito. En términos generales, este se castiga con:
- Prisión de 2 a 4 años.
- Inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un período de entre 4 y 10 años.
Cuando la sustracción tiene un carácter internacional, el mismo artículo prevé la aplicación de la pena en su mitad superior. Además, en casos de mayor gravedad, las restricciones pueden extenderse a la prohibición de residir en determinados lugares o comunicarse con el menor.
Eximentes y atenuantes
El legislador reconoce que en algunos casos las consecuencias de aplicar una sanción grave pueden ser más perjudiciales para el menor que la propia conducta delictiva. Por lo tanto, existen medidas que eximen o atenúan la pena:
- Si el progenitor informa el lugar donde se encuentra el menor en las primeras 24 horas y lo restituye de manera inmediata y efectiva, queda exento de pena.
- Si no se cumplen estas condiciones, pero el menor es devuelto dentro de los 15 días desde que se interponga la denuncia, la pena de prisión queda reducida a entre 6 meses y 2 años.
Medidas preventivas frente a la sustracción de menores
El ordenamiento jurídico español prevé instrumentos para evitar que un progenitor incurra en la sustracción de menores. Estas medidas civiles pueden solicitarse en un procedimiento judicial por parte de un juez, o a petición de un pariente cercano, el Ministerio Fiscal o incluso el propio menor.
El artículo 158.3º del Código Civil contempla las siguientes medidas:
- Prohibición de salida del menor del territorio nacional sin autorización judicial.
- Prohibición de expedición de pasaporte o retirada del pasaporte existente.
- Obligatoriedad de obtener autorización judicial para modificar el domicilio del menor.
Cómo actuar frente a un caso de sustracción de menores
Ante la sospecha o confirmación de un caso de sustracción, es fundamental actuar inmediatamente. Según el protocolo del Ministerio de Justicia, estos son los pasos a seguir:
- Solicitar la restitución del menor si el traslado ha tenido lugar hacia un país dentro de la UE o un Estado miembro del Convenio de La Haya. Este procedimiento puede iniciarse ante el Ministerio de Justicia.
- Si el menor se encuentra en un país no cubierto por estas regulaciones internacionales, se recomienda contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y recurrir a la Embajada o Consulado de España en el país correspondiente.
- Denunciar el caso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se considere la comisión del delito penal.
Es importante contar con el apoyo de un abogado especializado en este tipo de delitos para garantizar que tanto el procedimiento penal como el civil se gestionen de la forma más adecuada posible.
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